Adolfo Suarez La Transición
Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro y el nombramiento como presidente de Adolfo Surez en julio de 1976, el nuevo gobierno inició un conjunto de reformas con las que, en el plazo de un año, se desmantelaron la estructura y las instituciones del régimen franquista. El objetivo era, al fin y al fin y al general, sustituir la dictadura por una monarquía parlamentaria y democrática donde se respetara la división de poderes y se erradicara la represión política, sociolaboral y cultural. Sin embargo, a través de un proceso que respetaba la legislación vigente »de Ley en Ley», por lo que fue necesario convencer a los miembros de las Cortes franquistas para que aprobaran una Octava Ley Fundamental que desmantelaría el sistema desde dentro de unos días después de la finalización del gobierno. Adolfo Surez hizo pública su declaración programática, en la que destacó dos compromisos básicos: en primer lugar, elaborar una Ley de Reforma Política que, una vez aprobada por las Cortes y por los españoles en referéndum, permitiera abrir un proceso constituyente para implantar en España, un nuevo régimen Este texto llegó a ser, en realidad el acto de autoanquidación del régimen franquista, ya que simplemente eliminó del escrupuloso respeto de la ley.
Los obstáculos existentes para iniciar la construcción de una democracia En segundo lugar estaría la convocatoria de elecciones para elegir nuevas Cortes, que serían las encargadas de redactar la nueva constitución. El proyecto de Ley de Reforma Política fue elaborado por el Gobierno durante todo el verano de 1976 y presentado y debatido en las Cortes en noviembre. Finalmente, el texto salió adelante con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Posteriormente, con la participación del 77,72 % de la población, se aprobó en el referéndum de diciembre.
El camino para las primeras elecciones democráticas que se celebraron desde febrero de 1936 estaba abierto de tal manera que se convocaron para el 15 de junio. 1977. Ahora Surez entendió que para un correcto desarrollo de las elecciones, era necesaria la participación de las fuerzas políticas de oposición. Por ello, para ganarse su confianza y dar credibilidad a la reforma que había emprendido, adoptó las siguientes medidas. En marzo de 1977 prorrogó la amnistía política parcial decretada en julio del año anterior, (Ley de Amnistía) y en mayo se reformó de nuevo para su aplicación a todos los encarcelados por razones ideológicas.
En diciembre de 1976 se disolvió el Tribunal de Orden Público (TOP). En marzo de 1977, se legalizó el derecho de huelga, y un mes después, se decretó la libertad de asociación. En abril de 1977 se legalizó el PCE, haciendo posible su participación en las elecciones de junio.
